PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO

La adquisición ilimitada de inmuebles peligra la soberanía nacional

Escrito por: Johnny Guerrero

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Actualmente en la Republica Dominicana no existen límites para la adquisición de la propiedad inmobiliaria.  Esto quiere decir que cualquier inversionista extranjero o nacional puede adquirir una cantidad ilimitada de terrenos, exceptuando las  áreas protegidas por el Estado, como son:   Parques Nacionales, Reservas Científicas Naturales y Vías Panorámicas, reguladas por la ley 67-74 que creó la Dirección Nacional de Parques.
En el país hay ejemplos de inversionistas extranjeros y nativos, propietarios de inmensas cantidades de inmuebles.  Investigaciones realizadas indican que el Central Romana, propiedad de los hermanos Fanjul, posee 190,000 hectáreas de terrenos dedicados al turismo, la ganadería y la agroindustria; lo que equivale a más de tres millones de tareas de tierra, de los nueve millones de tareas que hay en la región Este del país, es decir, que son propietarios de 1/3  parte de las tierras de la región Este.
Asimismo, la Corporación Cisneros, propiedad del magnate venezolano Gustavo Cisneros, ha comprado cantidades indeterminadas de terrenos en la región Este, tanto en la franja costera, como en la cordillera oriental, que según  han anunciado serán destinados a la construcción de un exclusivo complejo turístico y en lo que concierne a los terrenos de montaña, algunas entidades defensoras del ecosistema han señalado que serán dedicados a la explotación minera a cielo abierto.
Según las indagatorias hechas por un conocido periodista, hay algunas familias dominicanas que son también propietarias de grandes dimensiones de terrenos, entre ellos, la familia Vicini-Cabral con sesenta y tres mil hectáreas, equivalente a un millón de tareas; la familia Brugal, un millón de tareas; los Hazoury con ciento veinte millones de metros cuadrados en el resort de Cap Cana; los Valdez-Martínez, un millón de tareas también; los Bermúdez, cien mil tareas turísticas y agrarias y la familia Brache con cien mil tareas ganaderas y agrícolas.
Con el status vigente de la propiedad inmobiliaria en Republica Dominicana, el límite de compra  del inversionista lo pone el, pues depende de su espíritu especulativo y su capacidad de asumir riesgos en el sector.
Esa actitud del Estado dominicano, de permitir la adquisición ilimitada de terrenos por parte de particulares,  pone en alto riesgo la soberanía, pues compromete el territorio nacional, poniéndolo en manos privadas. Esta realidad permite que los propietarios de complejos turísticos se adueñen del litoral costero, incluyendo la franja de 60 metros a partir de la cual deben iniciar las construcciones,  impidiendo el acceso de ciudadanos a esas playas privatizadas.
La privatización ilimitada de las tierras del país, es un factor muy significativo en los altos niveles de pobreza en que viven los campesinos y  los ciudadanos residentes en las áreas rurales.
La política en materia inmobiliaria del presente gobierno, que ha sido caracterizada como entreguista, es contradictoria con la del líder histórico del partido de gobierno, quien durante su corto periodo en la conducción del Estado, promulgo la Constitución de 1963, la cual en sus artículos 23 y 25 pone límites a la adquisición de la propiedad inmobiliaria y a la inversión extranjera.
Entre otras cosas, la vigencia de estos y otros artículos establecidos en la Constitución de 1963 fue el origen de la Revolución de Abril,  que motivo la segunda intervención norteamericana al país en el siglo XX, que costó la vida a miles de dominicanos.
Los vientos neoliberales que han soplado por el país,  han destruido paradigmas